MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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Presentación ante el Consejo Constituyente Universitario del proyecto de Ley Orgánica. 1944 (1)

Alfonso Caso

Una de las razones que han hecho difícil la organización de la Universidad sobre bases estables, es que la Ley Orgánica, publicada el 21 de octubre de 1933, implica para la Universidad la necesidad de organizarse de acuerdo con las bases que en la propia Ley se contienen y que, como veremos más tarde, la obligan a tener un carácter netamente político.

Por esto, siempre que se ha pensado en reformar el Estatuto Universitario, se ha tropezado con la existencia de la Ley Orgánica y de sus preceptos, que impiden una reforma radical, como la que se necesita para reorganizar la Universidad sobre bases técnicas.

Aunque ésta es, en nuestro concepto, la principal deficiencia de la ley, no es sin embargo la única. Adolece de múltiples imperfecciones, en lo relativo al régimen de los bienes de la Universidad, en lo relativo a las relaciones de la Universidad con sus empleados, y fundamentalmente, en la definición del carácter mismo de la Universidad como institución pública; todo lo cual ha motivado constantes discusiones ante los tribunales originadas por la deficiencia de los preceptos legislativos o el silencio de la Ley. En donde esta última ha demostrado su absoluta inaplicabilidad, es en lo que se refiere al patrimonio. En efecto, el artículo 9o. al señalar en su inciso b) el subsidio de diez millones de pesos que el Gobierno Federal le entregará a la Universidad, indica los términos de dicha entrega; pero en su último párrafo añade: "cubiertos los diez millones de pesos en la forma establecida en este artículo, la Universidad no recibirá más ayuda económica del Gobierno Federal".

Esta disposición, tan dura para la vida económica de la Universidad, no se explicaría en los momentos actuales, en que el Ejecutivo de la nación ha demostrado con hechos innegables el interés que el gobierno tiene por la mejor preparación de los técnicos y profesionistas universitarios, a los que considera indispensables para el desarrollo económico y cultural del país. Y tan inaplicable es la disposición contenida en el párrafo transcrito, que realmente nunca se ha tomado en consideración y el Gobierno Federal ha dado a la Universidad subsidios mayores y la Universidad los ha recibido, en contra de lo que dispone la misma Ley.

Por tales motivos, la rectoría ha creído necesario solicitar del Consejo Constituyente la discusión y en su caso la aprobación, del anteproyecto de Ley que se permite someter a ustedes. La Comisión de Estatuto estudiará este anteproyecto, recibirá las sugestiones de todos los universitarios y, con su dictamen, lo volverá a traer a esta Asamblea, para que discutido, ampliado y aprobado, en los términos que estimen convenientes, se eleve a la consideración del C. Presidente de la República.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA PROPUESTA

La reforma que proponemos a ustedes, descansa en tres principios fundamentales. El primero consiste en llevar a la práctica en sus términos, las consecuencias que se derivan de la definición misma de la Universidad, como una corporación pública, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fin impartir la educación superior y organizar la investigación científica para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

El segundo principio, es la distinción en los aspectos del carácter que deben tener las autoridades universitarias, separando netamente el aspecto autoridad ejecutiva, del aspecto técnico, que no debe nunca confundirse o mezclarse con el primero.

Por último, el tercer principio es la concepción de la Universidad como una comunidad de cultura, es decir, como una comunidad de maestros y alumnos que no persiguen fines antagónicos, sino complementarios, y que se traducen en un fin fundamental, considerado desde dos puntos de vista distintos, pero nunca opuestos: enseñar y aprender.

Si nosotros estamos de acuerdo con estos tres postulados fundamentales para la organización de nuestra Universidad, primero en su Ley Orgánica y después en su Estatuto, los otros preceptos serán mera consecuencia, o bien medios técnicos para realizar estos fines fundamentales. Por eso conviene, en primer lugar, explicar estos principios y discutirlos, para buscar después cuáles son las reglas técnicas que debemos emplear para que tales postulados se realicen en la mejor forma posible

PRIMER PRINCIPIO: LA UNIVERSIDAD ES UNA CORPORACIÓN PÚBLICA

La ley actual declara que la Universidad Nacional Autónoma de México "es una corporación dotada de plena capacidad jurídica". El artículo 1o. del anteproyecto de ley que presentamos, dice: "que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública" etcétera. Dos palabras en la nueva redacción del artículo lo. señalan, en nuestro concepto, no un nuevo carácter que se pretenda dar a la Universidad de México, sino el reconocimiento, por la ley, del carácter que siempre ha tenido y tendrá la Universidad.

No es posible que nuestra Universidad pierda el carácter de Universidad Nacional. Ella ha sido a través de su historia, el semillero de donde han salido los hombres que han creado la cultura de México y los que han dirigido esta cultura, no sólo en su aspecto universitario, sino en todas sus formas. La Universidad de México, por su historia, por su tradición, está íntimamente unida a la vida de la nación. Si en el futuro se crearon otras universidades sostenidas principalmente con fondos del Gobierno Federal, como la nuestra, no por eso perdería su carácter y el haber sido la institución de alta cultura que se fundó por la unificación de aquellas escuelas "nacionales" que durante largos años sostuvieron la tradición del pensamiento mexicano: Escuela Nacional Preparatoria, Escuela Nacional de Medicina, Escuela Nacional de Jurisprudencia, etcétera.

Pero si nos interesa el reconocimiento de la Universidad como una institución nacional, el punto de su reconocimiento como una institución pública nos parece absolutamente indispensable. La Universidad no es ni puede ser otra cosa, sino una corporación pública descentralizada. Dotada de plena capacidad jurídica y de autonomía, no es ajena a la organización del Estado mexicano, sino simplemente descentralizada del mismo. Tal es la razón fundamental que nos ha llevado a expresar en el artículo lo. del proyecto de ley, que la Universidad Nacional de México es una corporación pública, dotada de plena capacidad jurídica.

SEGUNDO PRINCIPIO: LA UNIVERSIDAD ES UNA INSTITUCIÓN TÉCNICA

La Universidad tiene por fin, de acuerdo con su función, impartir la educación superior y organizar la investigación científica, así como extender los beneficios de la cultura.

Los tres fines que la ley señala a la Universidad son en consecuencia fines esencialmente técnicos, subordinados, eso sí, como lo indica el mismo artículo, a un fin ético: formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad.

En consecuencia, el fin último de la Universidad, como el de toda institución nacional, es el servicio de la patria; pero realiza este fin en el aspecto específico que le señala el artículo lo., creando profesionistas y técnicos bien preparados, que presten a la sociedad un servicio real y que transformen sus conocimientos, en actos que tiendan al mejoramiento colectivo.

Para realizar ese fin, la Universidad debe constituirse en una institución técnica y subordinar toda su organización al logro de este propósito.

Todo aquello que impida la realización técnica de la institución, deberá ser excluido de la organización universitaria. La Ley y el Estatuto deben cuidar que nada pueda desvirtuar los propósitos de enseñanza e investigación, únicos que interesan; y por eso, de acuerdo con su definición, la Universidad no debe ser una institución política; no tiene por qué preocuparse de la realización de los fines políticos que incumben al Estado, al partido, y en última instancia, al pueblo pero no a las instituciones especializadas que han sido creadas para realizar fines concretos y técnicos.

Por otra parte, el Estado debe reconocer el derecho absoluto de la Universidad para organizarse libremente con el objeto de realizar su fin y para impartir también con toda libertad, sus enseñanzas y realizar sus investigaciones. El principio de libertad de cátedra y de investigación debe quedar consagrado, junto con el principio de autonomía, como un postulado esencial para la vida misma de la institución universitaria, y esto debe ser así, precisamente porque la Universidad ha de colocarse en tal forma ajena a las cuestiones políticas, que su desarrollo técnico no se vea impedido por ellas en ningún momento. Pero si esto implica, por una parte, la abstención del Estado en la organización técnica de la Universidad implica también, como una consecuencia de su propia definición la abstención de la Universidad en los asuntos políticos del Estado. Esto, por supuesto, no quiere decir que el universitario, por tener tal carácter, pierda el más general e importante de ciudadano, y que no conserve todos sus derechos, de acuerdo con las leyes de nuestro país, para organizarse en la forma que lo estime conveniente, con el objeto de participar en la vida cívica; pero la Universidad como tal, ha de permanecer constantemente ajena a las cuestiones políticas.

El otro aspecto de la definición coloca a la Universidad como institución que imparte la enseñanza superior. Esta enseñanza superior incluye el bachillerato y las carreras profesionales; pero como una larga práctica ha demostrado que para una mejor preparación de los universitarios es indispensable no duplicar las enseñanzas generales que se imparten en las escuelas secundarias y en la Preparatoria; ya el anterior Consejo Universitario aprobó un plan de estudios de cinco años, que incluye todas las materias de la enseñanza secundaria, pero organizadas para los fines profesionales, de tal modo que no se duplican innecesariamente y permiten al mismo tiempo profundizar en el estudio de cada materia y disminuir el número de asignaturas que deben estudiarse cada año.

En nuestro concepto, el Estado tiene la facultad de organizar la enseñanza secundaria con el número de materias que crea necesarias para la cultura general del ciudadano. Por tal motivo, creemos que la Universidad debe siempre incluir en sus bachilleratos de cinco años, todas y cada una de aquellas materias que figuran en el curriculum de la enseñanza secundaria; pero creernos que la Universidad tiene derecho para dar a estas materias, dentro de su bachillerato de cinco años, la organización más adecuada para los fines especiales de los futuros profesionistas. Esto no implica, por supuesto, que la Universidad no reciba a aquellos jóvenes que han sido educados en las escuelas secundarias y que quisieran continuar sus estudios. Tales jóvenes deben poder ingresar, inmediatamente, a cursar los últimos años de bachillerato sin resentir ningún perjuicio ni tener obstáculos; pero aquellos otros que desde un principio hayan ingresado en el bachillerato con el fin de alcanzar más tarde su título profesional, deben poder estudiar las materias en una serie tal, que les permita prepararse mejor para el estudio de las profesiones.

Por último, la fracción IV del artículo 2o. señala el derecho de la Universidad Nacional Autónoma para otorgar validez a los estudios que se hagan en otros establecimientos educativos. Naturalmente, este derecho de la Universidad está limitado a aquellos establecimientos educativos que imparten los mismos tipos de educación que ella imparte, es decir, bachillerato y educación profesional. Sería ilógico que la Universidad pudiera otorgar validez a estudios que no se hacen en sus Escuelas y Facultades, por lo que en estos casos deberá, como lo dice la misma fracción IV, simplemente atenerse a la revalidación que de tales estudios haya hecho la autoridad que corresponda, es decir, la Secretaría de Educación Pública.

Reconocidos así en la ley estos cuatro derechos fundamentales de la Universidad: autonomía, libertad de cátedra, preparación para el ingreso a las profesiones y revalidación de estudios en las escuelas de tipo universitario, creemos que se evitarán de aquí en adelante todos los problemas técnicos que pudieran provocar conflicto o fricción entre la Universidad y el Estado, por lo que si el anteproyecto de Ley que se propone es aprobado primero por ustedes, que constituyen la opinión de la Universidad, y más tarde por el Congreso de la Unión, que constituye la opinión de la nación, indudablemente se evitarán tales conflictos.

TERCER PRINCIPIO: LA UNIVERSIDAD ES UNA COMUNIDAD DE CULTURA

La base misma de las instituciones democráticas, por lo que ha sido indispensable la organización democrática del Estado, es que, dentro de éste y formando parte de la sociedad total, tienen que existir divergencias de opiniones, de fines y de intereses, que chocan entre si y que si no hubiera una organización democrática, tendrían que resolverse necesariamente en conflictos violentos, en los que predominara el partido o grupo más fuerte. Para impedir el predominio de un pequeño grupo fuerte, bien organizado, sobre una gran masa de individuos desorganizados, pero que representan, sin embargo, la mayoría del país, es decir, de una aristocracia sobre la totalidad de la población, se ha creado la forma del Estado democrático. La organización democrática permite, así, la expresión de la voluntad de las mayorías, que sirve de freno a la voluntad particular de grupos o aristocracias que pretenden organizar a la sociedad para su propio provecho y no para provecho de todos.

La situación es totalmente diferente en la Universidad, si tomamos en cuenta sus fines y principalmente su fin de docencia. Como ya lo hemos dicho, este fin puede expresarse en dos palabras: enseñar y aprender. Todo lo demás, dentro de nuestras escuelas, son simplemente medios, procedimientos para lograr la realización de este propósito.

Aunque parezca inútil por su evidencia, hay que repetir que enseñar, es y debe ser el fin de los maestros; y aprender, es el fin de los estudiantes.

Ahora bien, estos fines no pueden estar nunca en contradicción, si se trata de verdaderos maestros y de verdaderos estudiantes. Las dificultades principian cuando ambos no cumplen con su definición, ya que el mal maestro es el que no se propone enseñar, y el mal estudiante, el que no se propone aprender. El conflicto, en consecuencia, entre estudiantes y profesores, no puede ser nunca por lo que ambos se proponen. Sus propósitos sólo pueden realizarse si se complementan; pero, entonces, la organización de la Universidad no puede calcar simple y sencillamente la organización política del Estado. ¿Dónde están los intereses antagónicos por su esencia? ¿Dónde la aristocracia o el grupo definible a priori, que pretende el poder para su propio provecho? Dentro de nuestra concepción moderna de las instituciones, nos interesa que todos puedan expresar su opinión; nos interesa oír lo que cada quien tenga que decir, y en este sentido, la Universidad de México es democrática y debe seguir siéndolo, pues deben tomarse en cuenta las opiniones de profesores y alumnos, en los aspectos técnicos; pero colocar el problema de la organización universitaria como un problema de lucha entre dos grupos antagónicos, con intereses opuestos, con finalidades distintas, siendo uno de estos grupos el constituido por los profesores y formado el otro por los alumnos, es simple y sencillamente falsear no sólo la organización teórica de la Universidad, sino su organización real; no hay conflicto, ni puede haberlo, entre los profesores como profesores y los estudiantes como estudiantes. Puede, sí, haber un conflicto entre un profesor y un estudiante, como puede haberlo entre un estudiante y otro y entre dos profesores. Pero lo que queremos decir, es que profesores y estudiantes no constituyen clases antagónicas, puesto que sus intereses y fines son complementarios y no opuestos. Nos interesa, pues, que en la organización que demos a nuestra Universidad, este concepto erróneo de la existencia de una pugna entre profesores y estudiantes, pugna que teóricamente no debe existir y que prácticamente tampoco ha existido ni existe, quede completamente abandonado, como un concepto falso en teoría y en realidad. La verdadera causa de los conflictos universitarios estriba en que ciertas autoridades, ciertos profesores y ciertos estudiantes no quieren cumplir con su deber. Autoridades injustas, profesores incompetentes o incumplidos, estudiantes que desean certificados o títulos, en vez de conocimientos; pero estos males no se remedian dando a nuestra Universidad una organización política, como si se tratara de grupos sociales antagónicos. Su remedio está en una sana y racional organización técnica.

LA SEPARACIÓN DE LO POLÍTICO Y LO TÉCNICO

Para nadie es un secreto que la principal causa de la desorganización de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido la confusión constante de estas dos formas de organización: la política y la técnica. Las autoridades universitarias han tenido siempre este doble carácter de autoridades políticas que necesitan contar con la popularidad y con el apoyo de los grupos, y por otro lado el carácter de autoridades técnicas que necesitan resolver las cuestiones de organización docente y científica, desde un punto de vista puramente objetivo. La lucha entre lo político y lo técnico ha impedido a la Universidad realizar sus fines, e indiscutiblemente ha ido rebajando la calidad de los profesores, de sus enseñanzas, de sus programas, y en consecuencia, la preparación de los alumnos. Podemos decir que la Universidad cumple cada día menos con el fin de preparar, como lo dice su Ley Orgánica, "profesionistas y técnicos útiles a la sociedad", y cada vez más se dirige hacia un fin puramente formal, que es convertirse en una oficina expedidora de calificaciones, certificados y títulos.

Si queremos emprender una verdadera reforma universitaria; si deseamos utilizar estos momentos únicos para la reorganización de nuestra casa de estudios, es absolutamente indispensable que con toda franqueza nos planteemos el problema de cuál ha de ser nuestro fin: si el fin formal de expedir un certificado, verdadera patente de corso, que no ampara ningún conocimiento, o el fin real, útil, social, de dar una enseñanza que capacite al profesionista y al técnico para la función que más tarde va a desempeñar en beneficio de la sociedad.

No necesitamos insistir demasiado en las múltiples corruptelas que la organización política. de la Universidad ha engendrado en maestros y estudiantes. Las maniobras de tipo puramente político, para obtener el nombramiento de un Director de Escuela o Facultad, que una vez nombrado se siente comprometido con el grupo que lo llevó al poder, y obligado a otorgarle concesiones: mayor número de clases, mejor remuneración, o complacencia en la falta de cumplimiento del deber, si se trata de profesores; puestos remunerados, gajes o canonjías, perdón de faltas de asistencia y aun exámenes simulados, si se trata de estudiantes. De tal modo es grave esta situación, que de continuarse, el prestigio de la Universidad sería cada vez más discutible y los títulos que otorgara, cada día menos aceptados por la opinión pública. Todavía más: otras instituciones podrían llegar a obtener, para sus títulos y certificados, el prestigio que la Universidad habrá perdido, y los profesionistas que preparáramos se encontrarían a la larga, con que serían desalojados en la vida profesional, por otras personas que hubieran adquirido conocimientos reales, en vez de haber adquirido únicamente certificados.

El proyecto de ley que ustedes van a conocer, crea dos tipos de autoridades: las autoridades técnicas y legislativas, por una parte, y las autoridades ejecutivas, por la otra. En las autoridades técnicas y legislativas, el proyecto de ley que presentamos admite la colaboración de todos y una organización democrática que fomente, entre los estudiantes y los profesores su sentido de responsabilidad y su participación en la vida misma de la casa de estudios, en lo que tiene de esencial, que es el cumplimiento de sus actividades técnicas, y en la expedición de sus reglamentos y demás actos legislativos; pero para impedir que las autoridades ejecutivas se transformen en autoridades políticas, su nombramiento debe estar encomendado a personas de autoridad científica y moral indiscutible, y totalmente alejadas de los intereses inmediatos de los profesores y estudiantes universitarios. Por tal razón, el proyecto de ley que presentamos, señala en su artículo 3o. cinco autoridades: primera, la Junta de Gobierno, que tiene una función de nombramiento y de árbitro; segunda, el Consejo Universitario, supremo cuerpo técnico y legislativo; tercera, el rector, que es la autoridad ejecutiva máxima; cuarto, los directores de las facultades, escuelas e institutos, autoridades ejecutivas también, subordinadas al rector; y quinta, las academias mixtas, que tendrán el carácter de órganos necesarios de consulta, y que son, en relación con cada facultad o escuela, el cuerpo técnico por excelencia.

LA JUNTA DE GOBIERNO

Se ha pensado que es indispensable colocar la facultad de nombramiento, en un cuerpo colegiado que carezca totalmente de intereses personales, dentro de la Universidad, y que se guíe en sus decisiones exclusivamente por el beneficio de la institución. Casi todas las universidades del mundo, exceptuando aquellas en que los nombramientos los hacen los órganos de gobierno, colocan la facultad de nombramiento en un cuerpo colegiado independiente, del cual es el mejor ejemplo el comité de trustees de las universidades norteamericanas. Estas personas, que se han distinguido en el ejercicio de su profesión o que tienen una obra realizada de primer orden, que tienen emolumentos o bienes que les permiten una absoluta independencia de criterio y que por otra parte, conservan un vivo interés en la Universidad en que hicieron sus estudios y desean la mejor vida posible para ella, al hacer los nombramientos de las autoridades no se inspiran en consideraciones de amistad o de provecho personal, pues las guía el interés de la institución y el progreso de la misma. Puede decirse que estos comités de las universidades norteamericanas han sido el factor más importante de su progreso y las ha llevado, en menos de un siglo, a alcanzar la envidiable reputación científica que tienen actualmente en el mundo. La Junta de Gobierno que se propone en el proyecto de Ley, sería similar a estos comités y estaría integrada por quince personas, electas por tiempo indefinido, y que se renovarían a sí mismas, cuando por muerte, renuncia o por haber alcanzado la edad límite, quedaran puestos vacantes.

El procedimiento electoral que está contenido en los artículos transitorios del proyecto de Ley, previene que todos los miembros de este Consejo Constituyente Universitario, tengan facultad de proponer a las personas que, en su concepto, tendrían más méritos para ocupar tan importantes puestos. Cada uno de ustedes, señores consejeros, podrá por una parte proponer y por otra votar, a los candidatos que crea conveniente, y serán los quince miembros que ustedes designen, los que tendrán en sus manos el nombramiento del rector y de los directores de las facultades, escuelas e institutos. Los requisitos que fija el artículo 5o. son simplemente un mínimo de los requisitos para ocupar el alto y honroso puesto de miembro de la Junta de Gobierno que debe contar con la confianza de cada uno de todos los universitarios.

En el artículo 6o. se han puesto las funciones de esta Junta de Gobierno. Nos hemos referido ya al nombramiento del rector, a la aprobación de los nombramientos de directores de las facultades y escuelas, a la integración de la Junta de Patronato de la Universidad y a resolver conflictos que surjan entre las autoridades universitarias.

Como ustedes ven, la Junta de Gobierno no tiene facultades técnicas, ni podría rechazar en un momento dado lo que las autoridades técnicas de la Universidad (academias de profesores y alumnos o Consejo Universitario), aprobaran en materia de reglamentos o bien en materia de planes de estudios, métodos de trabajo, pruebas de aprovechamiento, reconocimiento y revalidación de grados y estudios, etcétera.

EL CONSEJO

En el artículo 7o. del proyecto de ley, se ha indicado la forma de constituir el Consejo Universitario dando a los profesores y alumnos de cada facultad el derecho de tener sus representantes, con el objeto de hacer oír su voz en materia legislativa y técnica. También se ha dado representación a los centros de extensión universitaria, como creemos que deben llamarse correctamente los que ahora se designen como centros nocturnos obreros.

En cambio, siendo el Consejo una autoridad legislativa y técnica, se ha suprimido la representación de los empleados de la Universidad, porque éstos quedarán organizados en la forma que ustedes lo determinen, y a ellos se refiere el artículo 12o. del anteproyecto de ley. Solamente en aquellos casos en que el Consejo trate asuntos que afecten a los empleados de la Universidad, un representante de los mismos formará parte del Consejo, con voz y voto.

El rector, autoridad ejecutiva de la Universidad, tendrá el derecho de veto contra aquellas resoluciones del Consejo que no tengan carácter técnico; pero será la Junta de Gobierno la que decida en definitiva, en este caso. El objeto de esta disposición es impedir que el Consejo Universitario, en el futuro, tome resoluciones de carácter político. Si el rector considera que la resolución del Consejo tiene este carácter, o lo que es lo mismo, que el Consejo está obrando fuera de sus atribuciones, puede entonces vetar la resolución del Consejo; pero la decisión se deja a la Junta de Gobierno para que ella, con absoluta imparcialidad, resuelva. Del mismo modo, el Consejo puede oponerse a las resoluciones importantes del rector que tengan un carácter técnico y que no le hayan sido consultadas, pues toda resolución de esa clase debe serle sometida a su consideración antes de que el rector, como órgano ejecutivo, pueda ponerla en vigor.

El artículo 9o., por último, tiene dos disposiciones que necesitan comentario. La primera es que la representación de la Universidad, en asuntos judiciales, estará a cargo del abogado general de la Universidad, pues la práctica ha demostrado que en estos asuntos, el rector no puede tener el tiempo necesario para ocuparse de ciertas diligencias judiciales a las que es llamado. La segunda disposición es la posibilidad que tendrá la Junta de Gobierno para reelegir al rector, una sola vez.

Puesto que no se trata de una organización política, no creemos indispensable que cada cuatro años se renueven las autoridades de la Universidad. De hecho, en la mayor parte de las universidades los rectores no son renovados en plazos determinados, sino que continúan indefinidamente hasta que por motivos de salud, por haber alcanzado la edad máxima, o por otros semejantes, se retiran. Lo que ha hecho indispensable el cambio de rectores en la Universidad, además de su organización política, ha sido la facultad que tiene el rector de nombrar en la práctica a los profesores y empleados de la Universidad y a los técnicos de los institutos. Esta facultad del rector debe reglamentarse, y el nombramiento, ascenso y remoción de los empleados administrativos, debe quedar sujeto a las disposiciones generales que, de acuerdo con el artículo 12o. del anteproyecto de Ley, expedirá el Consejo Universitario.

Por lo que se refiere al nombramiento de profesores el artículo 13o. indica la forma en que deberá hacerse.

COMISIÓN DE PATRONATO

La Comisión de Patronato estará integrada por tres miembros, designados por la Junta de Gobierno, y tendrá la facultad de discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, formulado por el rector y por la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario; aprobar también las modificaciones que se introduzcan a los presupuestos durante el ejercicio; designar al auditor externo de la Universidad; vigilar la inversión de los fondos universitarios y gestionar el mayor incremento posible del patrimonio. Se ha considerado muy conveniente que el Patronato funcione conectado con el rector y con el Consejo, pero bajo la dirección inmediata de la Junta de Gobierno, con objeto de garantizar la correcta distribución y utilización de los fondos universitarios.

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DE LAS FACULTADES, ESCUELAS E INSTITUTOS

Para los nombramientos de los directores de facultades, escuelas e institutos, se propone que sean designados por el rector, con aprobación de la Junta de Gobierno. Esto permite, por una parte, que los colaboradores inmediatos del rector, como son los directores de facultades y escuelas, cuenten con su confianza para la realización de los programas educativos; pero al mismo tiempo que la Junta de Gobierno pueda opinar y admitir o rechazar tales nombramientos.

RELACIONES DE LA UNIVERSIDAD CON SUS EMPLEADOS

Es un principio general, reconocido por la Suprema Corte de Justicia en México, que los funcionarios y empleados de los establecimientos o corporaciones públicas, pueden estar sometidos, sin quebranto de ningún texto constitucional, a un régimen extracontractual, estatutario. En años recientes, cuando por consideraciones diversas el gobierno ha atribuido a ciertas empresas el carácter de corporaciones públicas, resulta explicable que se haya sometido a ciertos grupos de trabajadores de tales empresas a un régimen contractual. Pero la Universidad no es una empresa, no organiza los elementos de la producción para la persecución de ningún propósito lucrativo; nunca ha tenido, ni tiene, ni se propone tener, provechos en sentido económico; es, como antes se dijo ya, una comunidad de cultura. Por estas razones, el anteproyecto, que ha vuelto a definir el carácter público de la Universidad, acoge en cuanto al problema de las relaciones entre la Universidad y su personal docente o administrativo, una solución que no es nueva, sino que hace más de diez años fue establecida por la Suprema Corte de Justicia.

Conviene, sin embargo, dejar bien claro que el hecho de que las relaciones entre la Universidad y sus servidores tengan un carácter estatutario y no contractual, no será obstáculo para que, como el proyecto lo indica, un reglamento del Consejo otorgue a los profesores y a los empleados universitarios todos los derechos y prestaciones de orden social que, a estas horas deben considerarse ya incorporados definitivamente al orden jurídico en que vivimos, como elementales exigencias de la civilización contemporánea.

Toda la función técnica de la Universidad descansa en el procedimiento que se siga para nombrar a los profesores. Por desgracia, a pesar de que siempre se ha buscado una forma que garantice la competencia del profesorado, ésta nunca se ha podido establecer, y los nombramientos, en múltiples ocasiones, han sido inspirados más en la simpatía o la amistad que en los conocimientos del maestro.

Por otra parte, el permitir a las academias que nombren a los profesores, sin sujetar dichos nombramientos a un procedimiento objetivo, ha convertido a dichos cuerpos en centros de intereses políticos y personalistas, quitándoles por completo la respetabilidad que debieran tener dentro de las facultades y escuelas.

En todas las universidades, las facultades de Filosofía, de Letras y de Ciencias, son escuelas para la preparación de profesores de enseñanza superior y de investigadores. Sin embargo, al ocurrir una vacante en nuestras escuelas de iniciación universitaria o en la Preparatoria, raramente se toma en cuenta a los graduados en dichas facultades, y se prefiere utilizar a aquellas personas que se presentan ante los directores o ante el rector, provistas de buenas recomendaciones, aun cuando no hayan hecho estudios especiales o carezcan de un grado universitario.

Creemos que un punto esencial en la reorganización universitaria consistirá en que ningún profesor nuevo pueda ser nombrado, si no tiene un grado de las facultades de la Universidad; pero aun así, a pesar de que los aspirantes a ocupar un puesto de profesor deben haber sido graduados en una facultad y precisamente en la especialidad que van a impartir, habrán de sujetarse a un concurso, ante un jurado respetable, para adquirir por oposición su cátedra, o bien, como lo dice el artículo respectivo de la Ley, someterse a otras pruebas igualmente objetivas e idóneas que comprueben la capacidad académica de los candidatos.

Sólo así, cuando el profesor universitario sienta que ha llegado a ocupar la cátedra por sus propios méritos y conocimientos, y no por compromisos de orden personal o de grupo, podrá estar seguro de conservar el puesto y no tendrá interés en intervenir en las cuestiones de política partidarista, que han hecho casi imposible la vida académica de la Universidad en los últimos años. Ya el Consejo Constituyente se encargará de reglamentar esta materia tan importante y esencial para la vida de la Universidad; pero es conveniente que en la misma Ley Orgánica, figure el principio de que no podrá adquirirse la categoría de profesor universitario, sino por medio de un examen de oposición, o bien, por algún otro procedimiento igualmente idóneo para comprobar la capacidad del candidato.

Por último, este mismo artículo fija como un ideal, cuya realización inmediata se recomienda, la creación del profesorado de carrera.

Ya el año pasado se elaboró por la rectoría y el Consejo Universitario, un reglamento sobre materia tan importante, que será uno de los puntos esenciales de la transformación técnica del profesorado universitario.

Asegurar al profesor un salario decoroso que le permita vivir en la forma a la que tiene derecho, sin necesidad de tener que distraerse en otras actividades, será preparar para el futuro verdaderos maestros, íntimamente arraigados en la vida universitaria, dedicados exclusivamente a la enseñanza y a la investigación y que, no lo dudamos, restablecerá para el profesorado universitario, el respeto de la sociedad que, por desgracia, se ha ido perdiendo lentamente.

El profesor de carrera podrá dedicarse únicamente a su labor, si la Universidad le asegura emolumentos suficientes para ello, y debemos solicitar del Estado que proporcione a la Universidad un aumento del subsidio, suficiente para establecer desde el año próximo, el profesorado de carrera en el bachillerato, e iniciar lo mismo en las facultades y escuelas profesionales.

EL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD

Sobre este punto es poco lo que tenemos que añadir y explicar a lo que el artículo 14o. dice. Las diversas fracciones de este artículo, marcan los diferentes renglones que constituyen el patrimonio universitario. Solamente hay que decir que en la fracción VII, se señala al Estado la obligación de contribuir anualmente, por medio de un subsidio, para sostener la vida de la Universidad; lo que en realidad ha venido haciendo, a pesar de la prohibición expresa, contenida en la Ley de 19 de octubre de 1933.

Por otra parte, se contempla también la posibilidad de que el Estado señale, para fomento de los estudios universitarios y de investigación, el producto de ciertos impuestos y derechos que tengan íntima conexión con las actividades de la Universidad. El patrimonio universitario será manejado, de acuerdo con el artículo 1Oo. por la Comisión de Patronato de la Junta de Gobierno, y será ella la responsable ante la Universidad, no sólo de la conservación del patrimonio, sino también de las gestiones que haga para incrementarlo.

El artículo 15o. de la Ley Orgánica, marca una innovación sobre la forma de propiedad de los inmuebles universitarios. Se han considerado dos formas de propiedad: la que podría llamarse pública, para aquellos que están destinados a su servicio, con la consecuencia de que tales bienes serán inembargables y que no podrá constituirse sobre ellos gravamen alguno; y la segunda, que comprende aquellos inmuebles que aun cuando pertenecen a la Universidad, no están destinados directamente al servicio de ella. Constituyen, por decirlo así, la propiedad privada de la Universidad y estarán sujetos íntegramente a las disposiciones del derecho común. El mismo artículo dice que será la Universidad, la que en un momento dado, por medio de su Patronato, podrá declarar que uno de los inmuebles de la primera categoría, ha pasado a formar parte de los inmuebles de la segunda categoría, siempre que la decisión del Patronato sea protocolizada debidamente, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. De este modo se da a la Universidad derecho y amplia libertad para utilizar sus bienes, sea directamente en sus servicios, o bien para venderlos, hipotecarlos, alquilarlos, etcétera, utilizándolos de acuerdo con el Patronato, para que produzcan el mayor rendimiento en servicios o en efectivo.

El artículo 16o., por último, le otorga a la Universidad la prerrogativa de que sus ingresos y los bienes de su propiedad no estén sujetos a impuestos o derechos, y que los actos y contratos en que ella intervenga y que causen impuestos a su cargo, estén también libres de dichos impuestos. La disposición es importante, y lo será todavía más en lo futuro, si como lo esperamos, ya desde el año entrante puede empezarse a realizar la vieja idea, tan cara a los universitarios, de construir la Ciudad Universitaria. Esperamos que esta Ciudad Universitaria se transforme, con el tiempo, en la propiedad privada de la Universidad, y que sea precisamente el producto de las rentas de esos edificios uno de los renglones más importantes de ingresos para nuestra institución.

El artículo 5o. transitorio, está relacionado también con los inmuebles que forman el patrimonio universitario y tiene por objeto resolver una serie de dificultades que se han presentado en la práctica por falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de los bienes universitarios. Como algunos de estos bienes, cedidos por el Gobierno Federal a la Universidad, pudieran encontrarse sujetos a litigio, el artículo mencionado declara que la propiedad de la Universidad sobre tales bienes es indiscutible y que aun en el caso de que tal litigio existiera y el Gobierno Federal fuera condenado, esto no significaría nunca la devolución de los bienes que ha entregado a la Universidad, sino la indemnización a quien resulte su legítimo propietario. Las actas de la entrega de los inmuebles a que se refiere la fracción segunda del artículo 14o. del Anteproyecto de Ley, servirán para comprobar el título de propiedad que la Universidad tiene en virtud de las leyes que le otorgaron el dominio de dichos inmuebles.





(1)Ley que rige actualmente a la UNAM.